El sábado, tras la destitución de Fernando Lugo, los gobiernos de España, Alemania y El Vaticano otorgaron reconocimiento oficial al nuevo gobierno. Madrid anunció su reconocimiento a través de un comunicado, mientras El Vaticano y Alemania lo hacían vía sus embajadores en Asunción, la capital paraguaya.
El gobierno español defendió el sábado el pleno respeto a la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y confió en que Paraguay “logre encauzar la actual crisis política, así como salvaguardar la convivencia pacífica”, según una nota oficial.
La Unión Europea pidió “respeto a la voluntad democrática” y anunció que enviará representantes a Paraguay para observar la situación. Y Colombia lamentó la destitución de Lugo, aunque defendiendo tibiamente el proceso “democrático”.
“Estamos conscientes que la constitución de Paraguay contempla el juicio político, que la cámara de diputados inicia ese juicio político y al senado le corresponde actuar como jurado”, afirmó por su parte el presidente chileno, Sebastián Piñera. “Sin embargo, estimamos que no se cumplieron ni se respetaron las normas del debido proceso y del legítimo derecho a defensa que están contempladas en la propia constitución de Paraguay”.
Piñera precisó que en los próximos días fijará y hará pública la posición de Chile respecto al nuevo gobierno paraguayo, para lo cual llamó a consulta al embajador en Asunción, Cristián Maquieira.
El caso paraguayo guarda similitudes con el hondureño, pues en ambos casos las destituciones presidenciales se ejecutaron con base en la Constitución. Precisamente, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, condenó este fin de semana la destitución de Lugo definiéndola como “un golpe de Estado disfrazado”.
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