Hace ya dos años que el presidente Alexander Lukashenko emitió el decreto número 60, titulado “Sobre las medidas para mejorar la utilización del segmento nacional del Internet”. En el decreto presidencial existe una lista con los sitios de internet cuyo acceso está prohibido en las oficinas públicas, los centros educacionales o empresas estatales. El incumplimiento de los requisitos para limitar el acceso del usuario a Internet tiene una responsabilidad administrativa. Las multas para los infractores oscilan entre los 40 y los 120 dólares.
Ya varios funcionarios o empleados del gobierno han expresado a Radio Libertad que les es imposible desde sus puestos de trabajo acceder a las redes sociales o sitios de grupos defensores de los derechos humanos o partidos de oposición. El llamado Centro Analítico de la Presidencia es el encargado de velar por el cumplimiento del acuerdo presidencial, y aseguraron al servicios ruso de la BCC que no se prohibirá el acceso total a las paginas extrajeras en la Red; pero sí se encargaran de velar por los intereses de Minsk en el espacio cibernético, evitando la penetración de pornografía, tráfico humano o la promoción tanto de la violencia como la crueldad. Los opositores cuestionan los términos de violencia o crueldad, pues es un funcionario del aparato presidencial el encargado de determinar los niveles de “violencia” o “crueldad” en una noticia o página de internet.
Varios sitios digitales de la oposición, como Carta 97, ha denunciado ataques piratas. Antes de que finalizara el año, esa página, que aunque registrada en la Republica Checa pertenece a la organización juvenil bielorrusa, estuvo bloqueada e infectada con un virus. Así lo denunció la directora del sitio, Natalia Radinoi, quien vive en Praga como exiliada política debido a la golpiza y la persecución a la que fue sometida tras las manifestaciones por fraude en las elecciones presidenciales del 2010.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama firmó el 3 de enero una ley para reforzar las sanciones al régimen autoritario de Lukashenko. La medida de la Casa Blanca es en respuesta a la represión gubernamental contra los manifestantes tras la reelección de Lukashenko en el 2010. La llamada Ley de la democracia en Bielorrusia y los derechos humanos de 2011 amplía la lista de funcionarios de Minsk a los que se les niega visado para viajar a Estados Unidos incluso en delegaciones oficiales, pues estuvieron implicados en la represión de diciembre del 2010. También la ley requiere que el Departamento de Estado de Estados Unidos informe al Congreso sobre las venta de armas que realiza Bielorrusia, así como la censura en el Internet, al tiempo que pide a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo que cancele los planes para realizar el campeonato mundial de hockey sobre hielo del 2014 en Minsk.
La ley, que actualiza legislaciones similares del 2004 y 2006, también dice que es política de los Estados Unidos apoyar el llamado a unas nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en el país eslavo, y que éstas se lleven a cabo de forma libre y justa. El documento recorrió el camino habitual de la Cámara Baja y el Senado, siendo auspiciado por el representante Christopher Smith, de Nueva Jersey, y 12 colegas del legislativo le apoyaron.
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